La Comisión Europea ha publicado las directrices para garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores en línea, en el contexto del artículo 28 del Digital Services Act (DSA).
Este documento marca un paso decisivo hacia una responsabilidad más proactiva de las plataformas en línea, especialmente en lo relativo a la accesibilidad de sus servicios por parte de menores.
⚖️ PRINCIPIO CLAVE: NO BASTA CON PROHIBIR, HAY QUE PREVENIR
El texto es claro:
“Un prestador de una plataforma en línea no puede basarse únicamente en una declaración en sus condiciones que prohíba el acceso a menores para alegar que la plataforma no es accesible a estos.
Si no aplica medidas eficaces para impedir dicho acceso, no podrá alegar que su plataforma queda fuera del ámbito de aplicación del artículo 28.1.”
👉 En otras palabras: no basta con decir “prohibido para menores”.
Las plataformas deben demostrar medidas activas, verificables y eficaces para impedir ese acceso.
🧠 ¿QUÉ IMPLICA JURÍDICAMENTE?
Estas directrices elevan el estándar de diligencia exigido a las plataformas. Desde una perspectiva jurídica, implican:
- Una redefinición del concepto de “medidas razonables”, que ahora debe incorporar elementos técnicos y organizativos concretos.
- La imposibilidad de eludir obligaciones bajo el DSA mediante simples cláusulas contractuales.
- Una mayor responsabilidad en la detección y mitigación de riesgos para menores en entornos digitales.
🧩 CATÁLOGO DE RIESGOS Y BUENAS PRÁCTICAS
El documento también incluye un catálogo de riesgos en línea para menores y ejemplos de buenas prácticas, que servirán de referencia para auditores de cumplimiento y equipos legales de plataformas.
Entre las medidas sugeridas destacan:
- Evaluaciones de impacto específicas sobre menores.
- Diseño de interfaces “child-friendly”.
- Limitaciones a la publicidad personalizada y a los algoritmos de recomendación.
🚀 Estas directrices no solo interpretan el artículo 28 DSA: lo transforman en una obligación de cumplimiento verificable.
La protección de los menores en línea deja de ser un principio abstracto para convertirse en un requisito operativo y jurídico exigible.
Una nueva era de responsabilidad digital comienza, donde la protección de los menores no es opcional, sino parte esencial del diseño y la gobernanza de las plataformas.