A pesar de que, en España, el derecho fundamental a la protección de datos ha prosperado en un entorno normativo y jurisprudencial muy positivo, la realidad social no ha acompañado armónicamente a este desarrollo. De modo cíclico se publican noticias relativas a estudios que concluyen la existencia de un bajo grado de aplicación de la LOPD por las empresas y las administraciones españolas.
Por último, resulta interesante realizar un pequeño comentario sobre los supuestos de colisión de derechos. En la práctica, el operador jurídico se ve abocado en multitud de ocasiones a afrontar conflictos de derechos, bienes o valores constitucionalmente relevantes y debe hacerlo con el bagaje del procedimiento de ponderación que ha subrayado la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. Esta situación tiende a crecer en los supuestos de ejercicio del derecho a la información.
Los medios que la informática e Internet ponen a disposición de los individuos han minorado los costes de edición de las publicaciones tradicionales. En la Directiva 95/46/CE no se ha utilizado la habilitación que concede su artículo 9 para fijar condiciones de ejercicio de la libertad de informar respetuosas con la intimidad.
Esto conduce a una circunstancia compleja, pero la doctrina parece coincidir con que, si se dan las condiciones exigibles para un correcto ejercicio del derecho a la información, este derecho debería prevalecer sobre la intimidad. Tanto el TEDH como el TC afirman que la información debería ser relevante o de interés público y, por tanto, debería contribuir al debate público. También resultará importante cuando la persona objeto de la información posea un carácter público. Los hechos deberán ser veraces.